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EE.UU.: Cacería de brujas asesina “Delincuentes sexuales” marcados por el estado: Parias de por vida (Febrero de 2014)

2016.06.05 19:48 ShaunaDorothy EE.UU.: Cacería de brujas asesina “Delincuentes sexuales” marcados por el estado: Parias de por vida (Febrero de 2014)

https://archive.is/HdHvI
Espartaco No. 40 Febrero de 2014
Durante las últimas décadas, la policía sexual de este país ha capturado a cerca de un millón de personas. Se les encarcela, se les humilla públicamente y se les pone en peligro mediante los registros de “delincuentes sexuales” en Internet, se les rastrea con tobilleras de GPS, se les expulsa de sus propias comunidades y se les obliga a vivir bajo los puentes o en los bosques. Se han convertido en parias sociales, en los leprosos de la actualidad.
Incluso mientras el matrimonio gay —y los boy scouts (abiertamente) gays— son cada vez más aceptados, el esfuerzo de los gobernantes por legislar el sexo y la “moralidad” parece no tener fin. Su más reciente expresión es el frenesí azuzado contra un supuesto brote de incorregibles “depredadores sexuales”, especialmente los que supuestamente tienen como blanco a niños en Internet (es decir, un mundo fantástico) o a través de la pornografía (también pura fantasía). No hay tal epidemia; sin embargo, parece haber un gran número de policías infiltrados al acecho en los chat rooms. Se ha victimizado a miles sólo por mirar pornografía o por intentar comunicarse con otros, por no hablar del sexo consensual con menores, nada de lo cual sería un crimen en una sociedad racional.
Tal como ocurrió con la histeria de los años ochenta y noventa sobre las supuestas redes satánicas de abuso de menores en las guarderías, el depredador de Internet es un mito manufacturado por el gobierno y los medios. Incitando y manipulando el miedo y las actitudes sociales atrasadas, su finalidad subyacente es legitimar y fortalecer los poderes del estado capitalista. Mientras los políticos demócratas y republicanos sermonean sobre “proteger a nuestra niñez”, los imperialistas estadounidenses bombardean a niños en todo el mundo y millones pasan hambre incluso en este país, donde la tasa de mortalidad infantil llega al lugar 51 del mundo.
Entre las innovaciones legales más perniciosas, diseñadas para aumentar el control del gobierno, están las leyes federales que firmó el presidente demócrata Bill Clinton a mediados de los noventa y que le exigen a los delincuentes sexuales liberados que se registren en Internet y notifiquen a la comunidad su paradero. Otro estatuto le exige a las autoridades estatales que transmitan sus datos y huellas digitales al FBI para que éste forme una base de datos nacional. También está el “confinamiento civil”, que permite mantener a los prisioneros recluidos más allá del término de sus sentencias. Con estas leyes, los convictos de delitos sexuales se ven inmersos en un laberinto kafkiano de presunta culpabilidad, ostracismo social, castigos preventivos, miedo y violencia, frecuentemente de por vida.
Para Charles Parker de Jonesville, Carolina del Sur, y para su esposa, registrarse como delincuente sexual fue una sentencia de muerte. En julio, Jeremy Moody halló el nombre de Parker en el registro y ubicó su hogar en un mapa, se dirigió ahí y disparó y apuñaló a la pareja. “No he venido a robarte. He venido a matarte porque eres un abusador de niños”, dijo Moody, quien tiene la palabra “skinhead” [cabeza rapada] tatuada en el cuello. (Parker no había sido convicto por abuso de menores.) Posteriormente, Moody admitió que se preparaba para matar a otra persona que figuraba en el registro.
Un caso de estudio: Los Friedman
Hace poco volvió a las noticias el caso de Arnold Friedman y su hijo adolescente Jesse, documentado en la escalofriante película nominada al Oscar de 2003 Capturando a los Friedman. La película muestra cómo los dos hombres de Long Island, víctimas del abuso policiaco, la histeria de la comunidad y el sesgo judicial, fueron obligados a confesar en falso decenas de casos de abuso de menores que supuestamente ocurrieron en las clases de computación de Arnold, con la ayuda de Jesse. Un amigo adolescente de éste, Ross Goldstein, también fue condenado a trece meses de prisión tras ser obligado a confesar y a hacer acusaciones falsas contra Jesse.
Los cargos de esa cacería de brujas iban desde lo inverosímil hasta lo imposible. Como lo puso Jesse Friedman, un niño de diez años que asistía a las clases semanalmente alegó que había sido forzado a tener sexo anal u oral 30 veces en un periodo de diez semanas y —tras reinscribirse— fue violado 41 veces a lo largo del siguiente año. Entre lo que un cargo describía como abusos en grupo se incluía el “salto de rana”, en el cual Arnold y Jesse supuestamente sodomizaban a toda la clase de niños desnudos saltando de uno al otro. Pese a las historias de violencia física, abuso verbal y sexo forzado frente a toda la clase, no se presentó una sola evidencia: ni moretones ni ropa manchada de sangre. Ni uno solo de los padres expresó la menor sospecha hasta que la policía llegó a sus casas a interrogar a sus hijos.
El único hecho incuestionable es que en 1987 los agentes aduanales interceptaron un paquete dirigido a Arnold Friedman que contenía pornografía infantil, lo que llevó a la policía a allanar el hogar de los Friedman en el suburbio de Nueva York de Great Neck. La policía confiscó unas 20 revistas de pornografía infantil tomadas de varias partes de la casa y una lista de los niños que asistían a las clases de Arnold.
¡Al poseer pornografía infantil, Arnold Friedman no cometió crimen alguno! Fotografías, sexo de fantasía, entretenimiento: la pornografía no hace daño a nadie. ¿Cuántos de nosotros podríamos librarnos de la prisión si los “pensamientos desviados” se castigaran con cárcel? Al contrario de ciertos feministas y de los maoístas del Revolutionary Communist Party [Partido Comunista Revolucionario], quienes quisieran prohibir la pornografía sobre la espuria base de que provoca violencia contra la mujer, nosotros reconocemos que las leyes antipornografía dañan a todos al legitimar la censura y desatar la interferencia estatal en la vida privada. Nos oponemos a las leyes contra la pornografía y a las leyes contra los “crímenes sin víctimas”, como la prostitución, las drogas y las apuestas. ¡El gobierno debería sacar los ojos, oídos y narices de las alcobas y de las vidas privadas de la gente!
Según la retorcida lógica que esta sociedad promueve, Arnold Friedman, espectador de pornografía, debía ser por lo tanto un abusador de menores, por lo que fue condenado a una sentencia de diez a 30 años de prisión y murió en la cárcel en 1995, aparentemente por suicidio. Jesse recibió una sentencia de seis a 18 años tras las rejas. Lo liberaron en 2001 después de trece años, sólo para que comenzara una cadena perpetua de persecución legal y social.
Ya antes de que comenzara el juicio, las autoridades promovieron la noción de que cada uno de los estudiantes de Arnold debía ser considerado una víctima. Cientos de padres de familia histéricos se apiñaron en reuniones comunitarias exigiendo asesoría sobre cómo ayudar a sus hijos. Se les dijo que fueran a terapia. Años después, muchas supuestas víctimas testificaron respecto al terrible daño que sufrieron ellos y sus familias cuando el estado los obligó a inventar historias, y luego por la subsiguiente “terapia” basada en esas ficciones.
En 2013, la oficina del mismo fiscal que condenó a los Friedman revisó el caso en respuesta a una acusación de calumnia que el Tribunal de Apelaciones del II Distrito emitió en 2010. El tribunal escribió: “Aquí las actas indican una ‘probabilidad razonable’ de que Jesse Friedman fuera injustamente sentenciado”. Para la revisión de la fiscalía, Ross Goldstein (a quien los documentos legales se refieren como Kenneth Doe) habló por primera vez en 23 años. En un documento de nueve páginas dirigido al fiscal de distrito, afirmó: “Ninguno de los sucesos que Kenneth Doe supuestamente describió o que se atribuyen a él tuvo lugar en realidad”. Goldstein reunió a numerosos ex alumnos que hoy afirman que en las clases no ocurrió absolutamente nada y que la policía los intimidó para que rindieran falsos testimonios. Sin embargo (predeciblemente), el resultado del autoexamen fue que la oficina del fiscal se absolvió a sí misma de cualquier falta en el proceso.
La sexualidad infantil y el estado
El caso Friedman, una tragedia incesante para toda una familia, subraya varias cuestiones políticas importantes. El enfoque de la Spartacist League deriva de nuestra concepción marxista del mundo y nos enfrenta con el moralismo burgués y con frecuencia también con muchos grupos autodenominados socialistas. La sexualidad humana es muy amplia, pero su práctica está condicionada por cada sociedad particular. La sociedad burguesa estadounidense, con su componente de fanatismo religioso, destina una cantidad considerable de energía a delimitar los apetitos sexuales en nombre del orden social. Con sus policías, jueces y prisiones, la intervención del estado en las relaciones sexuales privadas tiene como fin imponer la moralidad que profesa la burguesía, y con frecuencia transforma una experiencia inofensiva y muchas veces positiva en una pesadilla. El estado burgués no es ni un árbitro neutral ni un protector de la ciudadanía; existe para asegurar la conservación del dominio capitalista.
La premisa de muchas leyes contra el sexo es que los niños son seres asexuales. De manera absurda, los púberes y los adolescentes con las hormonas desbocadas son considerados niños. De hecho, la sexualidad es parte de la constitución humana desde la infancia. Como discutimos con amplitud en el artículo “Unholy Alliance of Feminists and Christian Right—Satan, the State and Anti-Sex Hysteria” (La impía alianza de los feministas y la derecha cristiana—Satanás, el estado y la histeria antisexo, Women and Revolution No. 45, invierno-primavera de 1996), los niños son pequeños animales inquisitivos que en su camino a la madurez llevan a cabo experiencias y observaciones sexuales y de todo tipo. Tal como ocurre con otras especies de primates, el sexo entre los humanos tiene un amplio componente de aprendizaje. Hoy, en gran parte del país se le niega a la juventud el acceso oportuno a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual, dejándola vulnerable a los embarazos no deseados y a las enfermedades de transmisión sexual. Si intenta actuar como la televisión e Internet le enseña, se mete en problemas.
Las leyes contra el estupro varían mucho de un estado a otro, pero todas criminalizan toda actividad que un tribunal considere sexual por el solo hecho de que un menor (alguien que no haya llegado a la “edad de consentimiento”) participe en ella, independientemente de si lo que suceda sea o no consensual. La ley mezcla deliberadamente el sexo consensual con el ataque sexual violento y con la violación. Cualquiera que sea hallado culpable de haber tenido sexo con un menor, o cualquier cosa considerada contacto sexual, se considera automáticamente un delincuente violento. La designación “depredador” puede aplicarse cuando un tribunal decide que una relación fue establecida o promovida con fines de “victimización”.
El único lineamiento para cualquier relación sexual debería ser el consentimiento efectivo —es decir, el entendimiento mutuo de las partes participantes— independientemente de la edad, el género o la preferencia sexual. Sin duda, determinar incluso lo más básico —por ejemplo, si un acto tuvo lugar realmente y si fue consensual— puede ser problemático a veces. Y ciertamente hay muchos casos en que la víctima de una violación o de un abuso violento puede recurrir a la ley. Al mismo tiempo, como alguna vez comentó el dramaturgo irlandés Brendan Behan en un contexto diferente: “Nunca he visto una situación tan terrible que un policía no pueda empeorar”. Además, desentrañar las cuestiones de la sexualidad humana del entramado de prejuicios sociales es casi imposible en esta sociedad dividida en clases y razas. Libre de la crueldad y la fría indiferencia que resultan de la búsqueda de ganancia, una sociedad socialista buscaría un enfoque científico a estas cuestiones difíciles.
Enciérrenlos...
Las leyes antisexo han creado una enorme masa de blancos potenciales, alimentando pesquisas con vastas sumas de dinero para trabajo encubierto y alentando procesos fraudulentos mediante el uso de oscuras invenciones siquiátricas y “testigos expertos”. En consecuencia, cada vez más víctimas caen en las fauces del sistema carcelario estadounidense, que ya es el mayor del mundo. Las cifras de la guerra contra los “depravados” sexuales se suman a las de la anterior “guerra contra el crimen” y a la continua “guerra contra las drogas”, eufemismos para nombrar la persecución legal racista que ha cuadruplicado la población carcelaria a cerca de 2.2 millones de personas al día de hoy, de las cuales casi la mitad son negras.
Desde los años setenta hasta hoy, el número de personas encarceladas como delincuentes sexuales se ha multiplicado. El libro Sex Panic and the Punitive State (Pánico sexual y el estado punitivo, University of California Press, 2011), de Roger N. Lancaster, aporta una investigación útil que describe el desarrollo de estos pánicos y muestra con precisión cuán vasto es el archipiélago de víctimas de la persecución sexual estatal. Lancaster escribe: “Nacionalmente, los casos reportados de abuso infantil saltaron de seis mil en 1976 a 113 mil en 1985 y a 350 mil en 1988: la cifra se multiplicó 58 veces en doce años”. Apuntando al terror irracional al “desconocido que acecha”, en un artículo publicado en el New York Times del 20 de agosto de 2011 titulado “Sex Offenders: The Last Pariahs” [Delincuentes sexuales: Los últimos parias], señaló: “El riesgo de que un niño sea asesinado por un depredador sexual desconocido es comparable al de morir fulminado por un rayo”. Lancaster también señala que “la mayoría de los perpetradores de abusos sexuales son miembros de la familia, parientes cercanos, amigos o conocidos de la familia de la víctima”.
Las cacerías de brujas antisexo han sido usadas para deshacerse de elementos básicos que los estadounidenses habían aprendido a considerar inherentes a la democracia, así como la “guerra contra el terrorismo” ha destripado toda una gama de derechos constitucionales. Como puede verse en el caso Friedman, lo primero que se pierde es la privacidad, seguida de la presunción de inocencia, cuando los acusados son satanizados. Luego se marca a los convictos de por vida. Hoy, cerca de 750 mil personas están en el registro de Internet que instituyó la “Ley Megan” de la era Clinton, promulgada tras el brutal asesinato de la pequeña Megan Kanka de siete años en un ataque sexual en 1994.
Al salir de la cárcel, Jesse Friedman —quien para empezar no había hecho nada— fue clasificado como “depredador sexual violento nivel III”, es decir, como alguien en alto riesgo de reincidir y como una amenaza a la seguridad pública. Como tal, tuvo que abandonar su casa tres veces. Con respecto a las restricciones de residencia, que le prohíben la proximidad con niños, escribió en su página web: “Si miras un mapa, te darás cuenta de que eso significa prácticamente cualquier parte. En algunos estados y ciudades se me prohibiría estar en cualquier lugar ‘donde se sabe que los niños se congregan’, incluyendo bibliotecas, museos, acuarios, playas e incluso eventos deportivos públicos”. “La Ley Megan”, escribió, “es el exilio social”.
Otros miles han sido convertidos en parias de manera similar. En Southampton, un destino vacacional para las celebridades neoyorquinas y los tiburones de Wall Street, unos 40 hombres convictos de diversos delitos sexuales se ven obligados a vivir en dos tráilers alejados de los centros habitados. Sólo uno de los tráilers tiene regadera y los que viven en el otro tienen que tomar el autobús dos veces por semana para ducharse.
La novela agudamente realista de Russell Banks, Lost Memory of Skin (La memoria perdida de la piel, HarperCollins, 2011), explora el horrendo mundo de los nuevos parias. El héroe es un joven tímido e ingenuo al que se le llama “el Chico”, cuyo fiel compañero y único amigo es su iguana Iggy. El Chico va a conocer a “brandi18”, con quien había tratado sólo por Internet, sólo para encontrarse con que en casa de ella lo esperan el padre de Brandi y cinco policías. Tras ser arrestado y condenado, se halla a sí mismo sin hogar, viviendo bajo un puente junto a otros “delincuentes sexuales”, pepenando comida de los basureros. En nombre de políticos que buscan un encabezado de prensa, la policía allana incluso ese lugar diminuto, sucio y semioculto, con resultados trágicos. A estos hombres del puente se les obliga implacablemente a recargar constantemente sus tobilleras de monitoreo:
“Toma media hora cargar completamente la batería del monitor, y durante esa media hora el Chico se siente íntimamente conectado a los demás millones de delincuentes sexuales, jóvenes, viejos y de otras edades...todos los cuales han conectado sus tobilleras electrónicas a contactos y están sentados en alcobas, salas y sótanos de casas, apartamentos y remolques, en estacionamientos, refugios de indigentes, parques públicos, aeropuertos, estaciones de tren, salas de espera, oficinas, en las trastiendas de restaurantes de comida rápida, bajo pasos a desnivel y puentes peatonales —como si todos ellos fueran hojas temblorosas en las ramas grandes y pequeñas de un vasto árbol eléctrico cuya sombra cubriera todo el país—”.
...y tiren la llave
Las diversas leyes estatales y federales de “confinamiento civil” que se han aprobado desde 1990 son una burla de la noción de “cumplir tu sentencia” y de la pretendida rehabilitación. Por ejemplo, la “Ley Adam Walsh de Protección y Seguridad de los Niños” de 2006 posibilita la detención indefinida de cualquier prisionero federal —incluso si nunca ha sido convicto de ningún delito sexual— que haya cumplido su sentencia pero sea considerado mentalmente “anormal” y se crea probable que cometa algún delito sexual en el futuro.
En el artículo “When the Feds Decide Who’s Sexually Dangerous” [Cuando los federales deciden quién es sexualmente peligroso], publicado en The Atlantic (20 de mayo de 2010), Wendy Kaminer señala: “Quienes confían en la burocracia federal y creen que los funcionarios usarán su poder adecuadamente, con imparcialidad y buena fe, pueden sentirse protegidos por él; a los demás debe preocuparles que el gobierno pueda detener ciudadanos indefinidamente, sin juicios con jurado, basándose en especulaciones sobre su futura peligrosidad”. Díganselo a los prisioneros de Guantánamo.
Bajo algunas leyes estatales, los sometidos a confinamiento civil pueden tener derecho a un proceso ante un juez, pero no a un juicio con la posibilidad de preparar una defensa. La mayoría no recibe “tratamiento” y prácticamente nadie obtiene algo de él. ¡Incluso se dio el caso de un hombre de Wisconsin de 102 años que no pudo someterse a tratamiento por fallas en la memoria y problemas de oído!
Hasta 2007, dos mil 700 hombres estaban recluidos en centros de confinamiento civil. Para escapar de las garras de estas instituciones penales/“terapéuticas” en las que se encuentran sepultados, algunos prisioneros incluso solicitan ser castrados, como lo relata el artículo “The Science of Sex Abuse” [La ciencia del abuso sexual] de Rachel Aviv (The New Yorker, 14 de enero de 2013). La primera persona detenida bajo la Ley Adam Walsh, Graydon Comstock, cuestionó la legislación en un caso ante la Suprema Corte en 2010. Aviv observa: “Para cuando el caso fue atendido, cuatro años después de que la sentencia criminal de Comstock expirara, él tenía ya 67 años y padecía del corazón, de diabetes e incontinencia. Ya dos veces había solicitado ser castrado, creyendo que la operación ayudaría en su caso, pero se le dijo que no estaba médicamente justificada”. En años recientes, la Suprema Corte ha refrendado diversos estatutos del confinamiento civil.
El poderoso análisis de Aviv de los horrores del confinamiento civil gira en torno al caso real de un soldado solitario llamado John, que se hizo amigo en un chat room de “Indy-Girl”. Sí, era un policía encubierto. El soldado, invitado a un tentador picnic al aire libre, rápidamente fue capturado por la Unidad Militar de Investigaciones y el FBI. John fue sentenciado a 53 meses en una prisión federal por poseer pornografía infantil y por “usar Internet para inducir a un menor a tener sexo”. Pero entonces fue cuando empezaron sus verdaderos problemas.
Tras salir en libertad condicional, John recayó y volvió a mirar pornografía con menores, por lo que rápidamente fue sentenciado a otros dos años en prisión. Seguía preso cuando el Congreso aprobó la Ley Adam Walsh, por lo que se le transfirió a una prisión médica de Massachusetts y, sin audiencia legal, se determinó que era de “alto riesgo”. Así pasaron cuatro años. En 2011 comenzó su audiencia de confinamiento civil. Al año siguiente, un juez dictaminó que John era demasiado peligroso para ser liberado y lo condenó a un “confinamiento terapéutico” indefinido en el sistema carcelario federal. Desde entonces sigue en ese limbo, donde una “terapia” diaria lo alienta a declarar cada vez más historias fantasiosas para ganarse la aprobación de los siquiatras, historias que sólo contribuyen a incriminarlo. Vivir en una tienda de campaña bajo un puente parece un destino preferible.
Nuevas brujas, nuevos inquisidores
En Estados Unidos, con su vena profundamente puritana y su insidioso racismo, la combinación de sexo y raza siempre ha sido usada como medio de control social. El mito del hombre negro depredador acosando a mujeres y niños blancos se conjuró para mantener aterrorizada a la población negra cuando la ley linchadora imperaba en el Sur de Jim Crow. Con frecuencia se ha recurrido a leyes antisexo para poner a hombres negros tras las rejas, incluyendo a celebridades como el boxeador Jack Johnson en 1912 y a Michael Jackson en 1994 y de nuevo diez años después.
Las cruzadas antisexo fueron una de las armas que se usaron para revertir las conquistas de las luchas por los derechos civiles y para apagar el descontento social de los años sesenta y principios de los setenta, especialmente el provocado por la Guerra de Vietnam. Tras tomar posesión en 1977, el gobierno demócrata de Jimmy Carter desató un asalto de reacción social interna mientras llevaba a la Casa Blanca el fundamentalismo religioso de los “renacidos”. Bajo el lema de los “derechos humanos” lanzó también la Segunda Guerra Fría del imperialismo estadounidense con el objetivo de destruir a la Unión Soviética.
La siguiente década presenció una de las cacerías de brujas más terribles y peculiares de la historia estadounidense: la histeria respecto al “abuso satánico” en las guarderías, que le arruinó la vida a cientos de hombres, mujeres y niños. El auge de esta cacería de brujas, que se extendió hasta principios de los años noventa, coincidió con la reacción reaganista —la cual, entre otras cosas, intentó enviar a las mujeres de vuelta a los hogares—. Se recortaron los fondos para el bienestar social y otros programas sociales, como las guarderías y preescolares para madres trabajadoras, provocando enormes dificultades y daños a las mujeres y los niños. El pánico del “abuso satánico” sirvió para encubrir un abuso real por parte del gobierno.
En el juicio más largo de la historia estadounidense, que se extendió de 1986 a 1990, el caso de la escuela preescolar McMartin, los niños testigos contaron historias de sacrificios animales, orgías, pasadizos secretos, mutilación de cadáveres y otras ficciones. El caso comenzó en 1983, y para el año siguiente el gran jurado había reunido 354 declaraciones que implicaban hasta 369 supuestas víctimas, mientras la policía anunciaba una enorme conspiración criminal. Más de 70 personas fueron condenadas injustamente. Mientras tanto, decenas de otros casos de “satanismo” barrieron el país, desde el condado de Kern en California, hasta Fells Acres en Massachusetts y la guardería Little Rascals de Carolina del Norte. En estos casos no se encontró evidencia alguna. Los acusados eran completamente inocentes, como señalamos entonces (a diferencia de prácticamente todo el resto de la izquierda) al defender a los trabajadores de las guarderías. Los Friedman fueron arrestados en medio de esa cacería de brujas.
Los liberales y feministas burgueses ayudaron a impulsar esa locura. Aunque se presentan como protectores de las mujeres y los niños, su remedio es pedirle al estado leyes más numerosas y más duras, así como más vigilancia policiaca. La versión más extrema de esa misma política fue el libro de 1975 de Susan Brownmiller, Against Our Will [Contra nuestra voluntad], famoso por su aseveración de que la violación es la principal forma en que todos los hombres controlan a todas las mujeres. Su propuesta: más mujeres policías.
En los años setenta y ochenta, los florecientes escuadrones de dios, dirigidos por gente como el fundamentalista católico Patrick Buchanan y el líder de la Mayoría Moral Jerry Falwell, se movilizaban contra el aborto y declaraban que el sida era un castigo de dios a los gays. Mientras los fanáticos de derecha sitiaban las clínicas de aborto, los feministas apuntaban contra la pornografía y un imaginario abuso satánico. Al impulsar este programa antisexo, los “progresistas” entablaron una alianza temporal con los evangélicos.
El estado respondió gustoso. En 1974, el demócrata Walter Mondale promovió la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil, que obligaba a los terapeutas, maestros y trabajadores sociales a informar a la policía de cualquier indicación de abuso. Así, se suponía que cientos de miles de educadores y trabajadores sociales actuarían como auxiliares de la maquinaria de represión del estado capitalista. En los años ochenta, el procurador general de Reagan, Edwin Meese, lanzó una gran campaña contra la pornografía, con bastante ayuda de sus aliados liberales. Con Internet, las cosas no hicieron sino empeorar. En los últimos quince años, las sentencias federales por posesión de pornografía infantil han aumentado en extensión más de 500 por ciento y pueden ameritar hasta cadena perpetua, la sentencia que suele darse al homicidio en primer grado.
Entre las feministas más prominentes que impulsaban las reaccionarias campañas antiporno estaba la fundadora de la revista Ms., Gloria Steinem, quien empezó su carrera como informante de la CIA. La despreciable Steinem también se subió con furor al tren del ritual satánico y la memoria reprimida. A mediados de los ochenta financió una excavación que los padres de familia de la escuela preescolar McMartin realizaron en busca de los (inexistentes) túneles y calabozos de los que habían hablado sus hijos bajo coerción. En 1993, Ms. salió con el encabezado: “El abuso ritual de las sectas existe —¡Créanlo!”.
En 1995, Steinem narró el documental de HBO The Search for Deadly Memories. Los apócrifos “recuerdos recuperados” de abuso cumplieron una función perniciosa en numerosos casos. Estos “recuerdos reprimidos”, como los llaman los trabajadores sociales fraudulentos, son la versión secular liberal de la histeria religiosa. Como materialistas convencidos, no nos lo creímos. Como señalamos en “Satan, the State and Anti-Sex Hysteria”, las técnicas que supuestamente revelan traumas reprimidos han demostrado ser excelentes para inducir recuerdos falsos, especialmente en niños pequeños y susceptibles. En ocasiones, es la policía quien implanta los supuestos recuerdos en el curso de los interrogatorios, como ocurrió en el caso Friedman. Los traumas verdaderos realmente trauman a la gente, que tiende a recordarlos.
El sexo, el matrimonio y la familia
¿Cómo es que la expansión de la tolerancia (salvo en reaccionarios endurecidos y fanáticos religiosos) respecto al matrimonio gay puede coexistir con una implacable cacería de brujas antisexo? Esto se debe a que el matrimonio, un contrato legal, es uno de los principales sostenes sociales del estado burgués. En una presentación el pasado mayo, David Thorstad, quien en 1978 estuvo entre los fundadores de la North American Man/Boy Love Association (NAMBLA), señaló la desbandada del movimiento radical gay:
“El anterior desafío a la heterosupremacía, dirigido a liberar la sexualidad reprimida de todos, ha sido remplazado por un enfoque conservador y convencional por la aceptación de la sociedad capitalista heterosupremacista. Donde esto es más obvio es en la búsqueda del matrimonio y la participación abierta en instituciones opresivas como el ejército, así como los llamados a fortalecer las fuerzas represivas del estado mediante las leyes contra los llamados crímenes de odio”.
Así, en la búsqueda de la respetabilidad burguesa, las marchas del orgullo gay acogen contingentes de policías gays, cuyo trabajo incluye el arresto de “delincuentes sexuales”. Mientras tanto, los organizadores de las marchas vetan a organizaciones como NAMBLA, que llama por la despenalización de las relaciones consensuales entre hombres adultos y menores de edad.
A diferencia de los feministas, el establishment gay y, asquerosamente, la mayor parte de la izquierda “socialista”, nosotros siempre hemos defendido a NAMBLA y a sus miembros tanto de la represión estatal como de la victimización por parte de los patrones. Se trata de algo más que una cuestión de “libertad de expresión”. Muchísimos jóvenes, torturados y confundidos por sus propios sentimientos, en conflicto con la severidad represiva de esta sociedad, encontrarían reconfortante hablar de estas cosas con personas más experimentadas, como lo han hecho generaciones anteriores. En esta época, sin embargo, tener cualquier tipo de intimidad intergeneracional es jugar con fuego.
En un artículo titulado “Youth, Sexuality and the Left” [Juventud, sexualidad y la izquierda], Sherry Wolf de la International Socialist Organization (ISO, Organización Socialista Internacional) se sumó al linchamiento de Thorstad acusándolo de ser “el más constante y sonoro defensor de la pederastia en la izquierda” (socialistworker.org, 2 de marzo de 2010). Conservando la premisa reaccionaria de las leyes de la edad de consentimiento, Wolf cita su libro Sexuality and Socialism: History, Politics and Theory of LGBT Liberation [Sexualidad y socialismo: Historia, política y teoría de la liberación LGBT]: “Es incongruente que un niño dé verdadero consentimiento, libre de la desigualdad de poder, a un hombre de 30”. El artículo de Wolf continúa: “En nuestra sociedad, los adultos y los niños no se enfrentan como iguales en lo emocional, lo físico, lo social o lo económico. Los niños y los adolescentes más jóvenes no tienen la madurez, la experiencia ni el poder necesarios para tomar decisiones verdaderamente libres en sus relaciones con los adultos. Sin ello, no puede haber verdadero consentimiento”.
No importa que la mayoría de las relaciones entre adultos no cumpla con este criterio de consentimiento. En cuanto a la afirmación de Wolf de que “los adolescentes maduran a distintas edades”, ¿quién debe determinar la edad adecuada para la actividad sexual en una especie en la que esta edad ha estado, durante el 99 por ciento de su existencia, muy por debajo de la supuesta “edad de consentimiento” de la actualidad? Bajo el inhumano status quo capitalista, se asume que es el estado. Para los comunistas, es el ABC el oponernos a la intervención del gobierno en la vida privada de la gente y defender a cualquier grupo que luche por aumentar la libertad en las relaciones sexuales. Esto es una expresión del ideal de la vanguardia leninista como tribuno del pueblo. La ISO y cía. bailan a un son diferente, acomodándose a los valores burgueses y a la cacería de brujas contra aquéllos cuyas proclividades sexuales se consideran verboten [prohibido, en alemán en el original].
En El origen de la familia, la propiedad privada y el estado (1884), Friedrich Engels rastreó el surgimiento simultáneo de la familia y el estado como medios que la clase propietaria usó para consolidar y reproducir su poder cuando emergió de la sociedad humana primitiva. La monogamia de la esposa era necesaria para asegurar la paternidad para la transmisión hereditaria de la propiedad. Actualmente, la familia sigue siendo la principal fuente de opresión de la mujer. A los niños, la familia debe imbuirles la sumisión y el respeto por la autoridad, lo que frecuentemente engendra frustración y violencia. Como escribimos en “Satan, the State and Anti-Sex Hysteria”: “Las proclividades sexuales de las especies gregarias de mamíferos, como la nuestra, claramente no encajan con la rígida monogamia heterosexual que constituye el fundamento ideológico de la institución de la familia, reforzada por la religión organizada”.
La mayor parte del terrible daño que se inflige a los jóvenes y las mujeres tiene lugar en el seno de la familia. Sin embargo, en esta sociedad capitalista, la familia suele ser lo único que le queda a uno. Son escasos los servicios alternativos que la sociedad provee para criar a los hijos o cuidar a los enfermos y a los ancianos.
El fanatismo antisexo y la perversa persecución estatal persistirán mientras imperen la propiedad privada y la producción por ganancias. El estado capitalista no puede ser reformado para que sirva a los intereses de los explotados y los oprimidos. Debe ser barrido y sobre sus ruinas debe erigirse un estado obrero basado en la expropiación de los medios de producción. Para erradicar la opresión de la mujer y de los homosexuales, se requiere construir una sociedad socialista donde las funciones de la familia sean colectivizadas —guarderías y cocinas comunales, atención médica gratuita y de calidad, etcétera— liberando a la mujer de la carga de la crianza de los niños y de la esclavitud doméstica. En cuanto a lo que una sociedad racional conservaría de las relaciones sexuales, y de las relaciones sociales en general, los marxistas compartimos la amplitud de la visión que expresó el fallecido Gore Vidal (a quien tanto echamos de menos) en su artículo “Pink Triangle and Yellow Star” (Triángulo rosa y estrella amarilla, The Nation, 14 de noviembre de 1981):
“Cualquiera que sea el arreglo al que llegue la sociedad del futuro, debe reconocerse que los niños que lo necesiten serán criados con bastante más cuidado que hoy, y que a los adultos que no deseen ser padres ni madres debe dejárseles en paz”.
http://www.icl-fi.org/espanol/eo/40/delincuentes.html
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2015.07.26 15:20 emenavarro Algunos puntos básicos sobre neutralidad de la red, propiedad intelectual e industrial que podrían conformar un programa de mínimos para un posterior desarrollo jurídico.

La libertad de expresión, de creación y de comunicación son derechos especialmente protegidos tanto en la Constitución Española y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta última eleva también a rango de derecho fundamental el acceso a la cultura.
La participación directa de la ciudadanía en las políticas de sus territorios, también son derechos principales recogidos en las normas anteriormente citadas.
Por otro lado, la economía financiera, basada en la especulación y el acaparamiento, está suponiendo un peligro para la ciudadanía que ve mermados sus derechos básicos tales como el Trabajo, la Sanidad, la Educación y las prestaciones sociales, en favor de los intereses de las grandes empresas multinacionales, lo que también está teniendo un enorme impacto en el acceso a la cultura. Frente al modelo capitalista financiero surge un nuevo paradigma que tiene en su base una economía cooperativa o del bien común que, sin excluir la iniciativa privada, antepone el bienestar general al interés particular. Incluso las economías más competitivas tienen un mayor desarrollo y generan una mayor variedad de oferta, cuando se puede competir en igualdad de condiciones.
Internet forma ya parte de la vida cotidiana, tanto de la privada como de la pública. Las prestaciones que ofrece esta tecnología favorecen el desarrollo económico, cultural, artístico, intelectual y científico de la sociedad, a la vez que se convierte en un instrumento de libertades civiles, pues favorece el acceso a la información y hace viable, real y efectiva, la libertad de participación, expresión y comunicación.
Frente a este panorama de igualdad de oportunidades se están sucediendo constantes intentos, frecuentemente con éxito, de apropiación del procomún, privatización de la red y de control de la misma por parte de la oligarquía especulativo-financiera, que mermaría tanto la igualdad de oportunidades, como el derecho a las libertades anteriormente citadas, al dejar en manos de empresas privadas y multinacionales el control de la red, su neutralidad y sus contenidos, ya sea ésta por vías políticas o, simplemente, económicas, imponiendo barreras económicas de acceso y penalizaciones.
La privatización de la red, su censura o, simplemente su limitación de acceso, ya sea por razones económicas, políticas, tecnológicas, o de otra índole, afecta directamente tanto a la normalización de una democracia participativa, como a la producción artística, cultural, científica e industrial, mermando la igualdad de oportunidades, e impidiendo un pleno desarrollo y la implantación de una próspera economía colaborativa y orientada hacia el bien común.
Además, la Constitución Española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Declaración Universal de Derechos Humanos, contemplan el derecho fundamental a la protección de la propiedad intelectual, comprendiendo la producción artística, literaria y científica. Cabe añadir, que no puede establecerse una diferencia básica entre la propiedad intelectual y la industrial pues ésta es fruto de la primera.
Por tanto, igual que es fundamental la protección de estos derechos, también lo es la protección de los nuevos vehículos que pueden garantizarlos y por consiguiente, el acceso a las tecnologías de la participación y comunicación como tal derecho debe ser considerado y protegido. Asimismo, se debe tener en cuenta la protección en materia intelectual y la producción de ella derivada, de manera que sin lesionar la preferencia del bien común frente al particular, proteja e incentive tanto la creación individual como la colectiva.
1.- Neutralidad de la Red.
“Una red neutral es aquella que está libre de restricciones en las clases de equipamiento que pueden ser usadas y los modos de comunicación permitidos, que no restringe el contenido, sitios y plataformas, y donde la comunicación no está irrazonablemente degradada por otras comunicaciones”.
2.- Simetría de red
La oferta actual de los proveedores de servicios de internet está más enfocada a un tráfico pasivo que a uno productivo o participativo. Las diferencias entre la capacidad de “bajada” y de “subida” de datos son evidentes. Es una oferta pensada para el consumo pasivo y que deja en inferioridad de condiciones a muchas empresas y particulares por meras razones económicas. Así pues quienes tengan mayores recursos económicos, ya sean empresas o particulares, les será más fácil y asequible poner a disposición en la red toda su oferta de productos y servicios. Sirva como ejemplo una multinacional del entretenimiento que, disponiendo de servidores propios, el “subir” todos sus contenidos a la red en formatos de altísima calidad, no supone mayor problema, ni tiempo, pues no necesitan velocidad de “subida” para una mera transferencia de archivos a los servidores. En cambio, una pequeña discográfica, productora o artistas independientes, tienen que depender de la velocidad de “subida” de su proveedor, y del uso de servidores externos, para poder poner a disposición general su catálogo en alta calidad lo que puede suponer la pérdida muchas horas, cierta pérdida del control de su obra y una notable falta de competitividad.
Por otro lado, una escasa capacidad de subida de contenidos merma considerablemente el derecho a la comunicación, expresión e información de la ciudadanía, frente a los grandes lobbys de poder. Sirva de ejemplo la participación ciudadana denunciando situaciones mediante fotografías, vídeos y otros documentos audiovisuales, que contrarrestan la manipulación mediática y garantizan la pluralidad informativa.
Así pues, se debe garantizar la protección legal tanto de la Neutralidad de la Red, como de su simetría, de manera que, sin mermar los derechos individuales, garantice la consecución de una sociedad orientada hacia el bien común.
3.- Propiedad intelectual e industrial
La legislación Estatal, Comunitaria y Universal, considera a la propiedad intelectual como un derecho irrenunciable. Si bien esta “irrenunciabilidad” , inherente a todo derecho fundamental, es efectiva en cuanto a los derechos morales, básicamente el reconocimiento formal de la autoría, el desarrollo normativo actual pervierte la irrenunciabilidad anteriormente citada al permitir por ley la cesión de derechos a terceros, cesión que se traduce en la pérdida de control de la obra por parte de quien la creó. Esta cesión, que se formaliza a través de contratos editoriales, impide incluso la difusión y promoción de las obras cedidas fuera de los criterios industriales actuales en los que priman los económicos por encima de los artísticos. Una industria artística y cultural que solo difunde aquellas obras que son rentables, económicamente hablando y además lo hace con un criterio absolutamente privativo de la propiedad intelectual, conculca los derechos anteriormente citados tanto de quienes crean las obras como de la sociedad en general y lesiona gravemente el acervo cultural y artístico universal.
Internet supone una plataforma vehicular para el pensamiento en todas sus formas de expresión. Desde las expresiones artísticas tradicionales, tales como la literatura, la música y las artes visuales, hasta las más novedosas que se han visto favorecidas por el alto desarrollo tecnológico, pueden hoy mostrarse al mundo con relativa facilidad de acceso universal. Esto ha favorecido la aparición de dos importantes hitos en la historia de la Humanidad: la autogestión de la obra y la protección intelectual de la misma mediante una serie de licencias libres. Aspectos que están dando lugar a la aparición de nuevos modelos de explotación y difusión de la producción cultural e intelectual que, si bien no elimina intermediarios, cambia los actores, abarata la producción y precios y favorecen el acceso universal, enriquecen el acervo cultural e incentivan la creación por terceras personas.
Una obra con licencia privativa, si no era económicamente rentable se descatalogaba pero no se permitía a su autor o autora recuperarla. Hoy, con una licencia libre, independientemente del valor comercial de la misma, se puede acceder a ella y puede conservarse. Es más, trabajos que pudiesen no tener un gran valor artístico o comercial, al conservarse y ser accesibles pueden inspirar a terceras personas o colectivos la creación de obras de gran valor artístico.
Por otro lado todo este desarrollo tecnológico que favorece al artśitico, cultural y científico ha sido posible en gran medida por el llamado software libre. De hecho, es la aparición del software libre, creado en principio por una comunidad científica universitaria con fines altruistas, la que favorece la aplicación de licencias libres a la creación cultural, artística y científica e introduce la ética “hacker” en la producción cultural: difundir el conocimiento y favorecer la creación colectiva y colaborativa, dejando abiertas las herramientas (código) con las que fueron creadas. Tal es la influencia y el impacto de la ética hacker en la sociedad actual que, incluso, nuevos partidos y formaciones políticas han adoptado ese modelo para su funcionamiento.
4.- Investigación y patentes
Las políticas basadas en la economía especulativa, más que favorecer la inversión privada en I+D+I, tienen un interés especial en privatizar la Investigación. La merma paulatina y drástica de participación del Estado y Administraciones en la Investigación está pensada para ceder a manos privadas los resultados de las investigaciones, incluso en la Universidad y centros de investigación públicos lo que va en detrimento de la igualdad universal y en favor de una mayor brecha entre clases económicas.
Solo en algunos casos, y debido al altruismo de quienes realizaron la investigación, se ha cedido al dominio público, y por tanto protegido de la especulación, los resultados obtenidos en investigaciones que han supuesto un beneficio para toda la Humanidad, tal es el caso, entre otros, de la vacuna contra la poliomielitis o el protocolo TCP/IP
Así pues, tanto el Estado como las demás Administraciones deben incrementar la inversión pública en I+D+I y proteger los resultados obtenidos y las aplicaciones que de ellos se deriven para que pertenezcan a la ciudadanía, independientemente de que haya habido o no participación e inversión privada en ellos.
La protección mediante licencias libres o la devolución expresa al dominio público impiden las desigualdades tanto para el acceso a bienes, productos o servicios como en el desarrollo de oportunidades laborales y empresariales.
Por otro lado es también importante para el desarrollo industrial y general una revisión del sistema de patentes en España. Un sistema que actualmente penaliza la iniciativa individual frente a la empresarial por razones meramente económicas por los altos costes de las tasas que difícilmente una persona sin respaldo económico fuerte puede asumir.
5.- Patrimonio cultural, artístico, intelectual y científico
El Patrimonio español pertenece a su ciudadanía y también a la Humanidad en su conjunto. No es, por tanto, propiedad del Estado o de las demás Administraciones si no su responsabilidad y por ende el mantenimiento, conservación, mejora y difusión del mismo. Las Administraciones Públicas deben velar y facilitar el acceso y, aunque puedan explotarlo, en ningún caso debe ser considerado como privativo si no libre.
Así pues debe incrementarse el esfuerzo por digitalizar todos los fondos patrimoniales para facilitar su acceso, tanto con fines pedagógicos, educativos e investigadores como lúdicos o empresariales. En ningún caso los fondos patrimoniales deberán tener una licencia privativa, es decir, “todos los derechos reservados”. Tampoco la utilización de dichos fondos tanto con fines lucrativos, como de otra índole, y las obras que de ello se deriven podrán tener una licencia privativa.
Que se permita la participación de capital privado en el mantenimiento, mejora, aumento, difusión o conservación del Patrimonio español no significa que se puedan adquirir derechos privativos o preferenciales del mismo. Las Administraciones podrán estimular la inversión privada sin que ello merme la titularidad pública del Patrimonio.
6.- Derechos de autor y entidades de gestión
Quienes tienen o tengan capacidades creativas tienen el derecho a obtener un rendimiento económico de ellas e intentar hacer de su talento y creatividad su forma principal de vida. Este derecho se vería sustentado en parte a través de la Renta Básica Universal.
Los derechos de autor actuales, entendidos estos como derechos patrimoniales y económicos, están gestionados por las sociedades de gestión de derechos. Aunque la problemática actual de dichas entidades es variada, son cuatro los obstáculos principales a una gestión eficiente y eficaz de las mismas; la concepción de “derechohabiente”, la opacidad en el cálculo y reparto de los derechos económicos, el único tipo de licencia que se gestiona y el monopolio.
Se entiende por derechohabiente a la persona física o jurídica que obtiene derechos patrimoniales sobre una obra creada por una tercera persona. Esto deriva de la “cesión de derechos a terceros”. Esta cesión de derechos es común en la escena intelectual, literaria y artística ya que para poder editar una obra se cede por contrato como mínimo un 51% de los derechos de autor a la editorial y les confiere calidad de “coautoras” y por tanto el derecho a formar parte societaria de las entidades de gestión. Teniendo en cuenta que casi la totalidad de obras que forman parte del reparto habitual de derechos tienen participación editorial mayoritaria, también son las editoriales las que ostentan la mayoría de participación en dichas entidades. y por tanto su voto es el voto que pesa en las decisiones de las mismas incluyendo los métodos utilizados para calcular el reparto de los derechos económicos gestionados.
Tampoco se está utilizando un método objetivo y eficaz para el cálculo del reparto de beneficios generados, en cambio existen distintos estándares que permiten poner en valor la obra tanto la que circula por la red como la que se mueve por otros medios de interpretación, comunicación y difusión.
Actualmente, en España, las entidades de gestión de derechos de autor no admiten para gestionar obras con licencias libres, pero en cambio, sí que obtienen ingresos por su comunicación. Sirva de ejemplo un cantautor cuyas canciones tiene una licencia Creative Commons y que las interpreta en una sala de conciertos. Esa sala paga por las actuaciones una cuota a las entidades de gestión, y no solo a autores, si no también a otras entidades de intérpretes y ejecutantes, aunque el intérprete no pertenezca a ellas. esta cuota es un porcentaje por lo que se calcula que “vale” económicamente hablando la actuación o bien una cuota fija mensual o ambas. En cambio a ese cantautor la entidad de gestión no le liquida por los ingresos generados. Es más ningún socio o socia de la SGAE puede declarar obras con licencias libres en la entidad.
Hasta la reforma actual de la ley de propiedad intelectual para poder erigirse en sociedad de gestión se tenían que cumplir una serie de requisitos y obtener un informe positivo de una entidad de gestión existente, evidentemente estas medidas han mantenido en el monopolio a un pequeño número de entidades de gestión, de hecho no hay en España más de una entidad para la gestión de unos derechos específicos.
Con la reforma de la ley de propiedad intelectual es peor, pues aunque parece que liberaliza el “mercado” de la gestión de derechos lo que realmente hace con su redacción es facilitar la creación de entidades por las propias editoriales. Si los autores y autoras parecían tener cierta libertad en las sociedades de gestión actuales, con las nuevas se va a favorecer la esclavitud total.
Las entidades de gestión permiten la acumulación de votos en un solo socio y la mayoría de ellos no tienen derecho a voto. No tienen, por tanto un funcionamiento democrático.El derecho a voto y la cantidad de ellos se obtienen proporcionalmente a los rendimientos económicos generados, a partir de un mínimo. Estos rendimientos se calculan de manera opaca y aleatoria.
Por último es preciso subrayar que las entidades de gestión y sus socios mayoritarios, las editoriales multinacionales, es el lobby que mayor presión está ejerciendo para que se legisle, en todo el mundo, para censurar Internet y convertirlo en su monopolio en detrimento de los derechos fundamentales citados en este documento, el bien común y el conocimiento universal.
Tampoco debemos olvidar que la legislación en materia de propiedad intelectual, al ser ésta un derecho fundamental, es de potestad estatal sin perjuicio de su ejecución por las administraciones autonómicas y por tanto la situación actual de la problemática de los derechos de autor viene dada por la dejación de funciones de las administraciones públicas y su cesión a entidades privadas.
Programa de mínimos para la elaboración posterior de una ley marco de propiedad intelectual e industrial
1.-Se deberá garantizar el acceso a la red.
2.-La ciudadanía deberá recuperar el control de las operadoras de servicios de comunicaciones de propiedad estatal que fueron robadas y entregadas a manos privadas por los anteriores gobiernos, a fin de garantizar el acceso a las comunicaciones.
3.-Se deberá proteger la neutralidad de la red y establecer un plazo para la consecución de servicios simétricos.
4.-Se protegerá especialmente el derecho de cita.
5.-Se considerará, por ley, al enlace como cita y no podrá ser gravado ni económica ni judicialmente, ni el enlace ni su difusión por cualquier medio. Dicha protección se hará sin perjuicio de la legislación en materia de delitos informáticos. La difusión de una obra no podrá ser considerada delito ni infracción.
6.-Se deberá limitar el porcentaje de cesión de obras a terceros, de manera que el porcentaje que quede en propiedad de la persona creadora de la obra suponga la mayoría respecto de la misma.
7.-La participación de las Administraciones Públicas en obras de cualquier tipo que generen derechos de propiedad intelectual o industrial, incluyendo la investigación científica e industrial, supondrá la utilización de licencias libres en ellas, independientemente de que haya habido o no participación de capital privado y la explotación de los resultados por el mismo.
8.-La explotación de cualquier índole por parte de empresas privadas o públicas que hayan participado en las obras descritas en el apartado anterior, no podrá ser con carácter de exclusividad. De manera excepcional se podrá contemplar la explotación en exclusiva con carácter temporal. Dicha exclusividad temporal no podrá exceder de cinco años sin posibilidad alguna a la ampliación de dicho plazo. La exclusividad solo sería de aplicación a la explotación económica de la obra, en ningún caso se podrá impedir el libre acceso a ella para fines divulgativos, educativos o científicos o uso personal.
9.-Las Administraciones Públicas deberán incentivar y anteponer la creación y difusión de obras libres frente a privativas. Todo el patrimonio español pertenece a su ciudadanía y a la Humanidad, por tanto deberá tener una licencia de dominio público y que impida que terceras personas, físicas o jurídicas, puedan explotarla con carácter de exclusividad. El Ministerio de Cultura deberá incluir una Dirección General de Protección, Custodia y Difusión del Procomún.
10.-Las Administraciones Públicas y sus organismos y empresas de titularidad pública, deberán implementar el software libre en todas sus dependencias y garantizando la libertad de elección tecnológica de la ciudadanía.
11.-Se establecerá una hoja de ruta para la migración al software libre en todas las Administraciones. Dicha hoja de ruta deberá ser implementada en un plazo máximo de cinco años.
12.-Se deberán establecer mecanismos que faciliten y abaraten el coste de los registros de la propiedad intelectual e industrial. Se limitará el tiempo de exclusividad de derechos patrimoniales de autoría que no podrá exceder de cinco años, sin perjuicio del mantenimiento de los derechos de explotación, aunque dejarán de ser privativos.
13.-Las Administraciones Públicas deberán asumir la ejecución de la ley o leyes de propiedad intelectual y gestionar los derechos patrimoniales de autor.
14.-La gestión de los derechos patrimoniales de autor deberá ser objetiva y transparente, los autores y autoras podrán elegir libremente qué tipo de licencia utilizan para cada obra.
15.-El cálculo del reparto de derechos se deberá realizar mediante mecanismos objetivos y que tengan en cuenta toda la obra comunicada y las licencias bajo las cuales cada obra se pone a disposición.
16.-No se podrá restringir el derecho a cita de una obra publicada, por ser este el ladrillo sobre el que se eleva el edificio del conocimiento.
17.-La elección de licencia de la obra corresponde a la persona que la creó, no pudiendo ceder dicha decisión a terceros bajo ninguna forma ni condición.
18.-Las entidades de gestión deberán tener un funcionamiento democrático de manera que toda persona socia de la misma tenga el derecho a voto con un único voto y podrán presentarse libremente a ser cargos electos de la entidad.
19.-Las entidades de gestión deberán gestionar la obra registrada en ellas independientemente del tipo de licencia que el autor o autora haya elegido.
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